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Héctor Marcos Timerman

28 Febrero 2011
Discurso del Sr. Canciller Héctor Marcos Timerman
Iintervención del Sr. Canciller en el segmento de alto nivel de la 16° sesión del Consejo de Derechos Humanos
Palacio de las Naciones, sede de la ONU en la ciudad de Ginebra

Señor Presidente,
Representantes de los Estados Miembros y Observadores,
Representantes de la sociedad civil.
Es un especial honor participar por primera vez como Canciller de la República Argentina en el principal foro universal de los derechos humanos.

Desde la restauración de la democracia, la Argentina abrazó decididamente la causa de los Derechos Humanos en un giro absoluto respecto de nuestro trágico pasado durante la dictadura, lo que refleja la profunda concientización de nuestra sociedad sobre el valor de los derechos humanos.
Argentina otorgó rango constitucional a los más importantes tratados vinculados a los Derechos Humanos tanto en el ámbito universal como en el regional, y mantiene una permanente cooperación con los organismos de control establecidos en esos instrumentos.

No podemos dejar de recordar que hoy los valores de Memoria, Verdad, Justicia, Reparación y Respeto por las libertades fundamentales son banderas del conjunto del pueblo argentino. Un aspecto central de esta política ha sido y es la lucha contra la impunidad. Por ello, desde el año 2003, la Argentina ha puesto particular énfasis en la necesidad de juzgar a todos los responsables de crímenes de lesa humanidad perpetrados durante el terrorismo de Estado instaurado por la dictadura. En un desarrollo sin precedentes en el mundo, los tres poderes del Estado argentino adoptaron medidas que permitieron la reanudación de numerosos procedimientos judiciales que se están llevando a cabo. Ello permitió que, hasta fines de 2010, se hayan concluido los juicios de 217 personas, de las cuales 196 fueron condenadas y 21 resultaron absueltas.

Mi país trabaja en pos de un modelo de sociedad democrática e inclusiva, con pleno respeto de los derechos humanos para todos.

A continuación, quisiera centrar mi exposición en cuatro aspectos sobre los cuales la Argentina ha venido trabajando fuertemente, tanto a nivel interno como internacional, en procura de lograr avances concretos y efectivos en el goce de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

En primer término, las iniciativas y reformas institucionales del gobierno argentino tendientes a garantizar el efectivo ejercicio del derecho de los ciudadanos a informarse, piedra angular de un régimen democrático respetuoso de la dignidad y libertades fundamentales de las personas.

La comunicación no es patrimonio de comunicadores o periodistas, menos aún de los propietarios de medios: es un derecho de todos, abarcativo de todas las libertades, e implica el amplio acceso y la participación de la población en los procesos informativos. Esto requiere del pluralismo, la diversidad y, evidentemente, de la plena vigencia de la libertad de expresión.

Lejos de ser un tema menor, el derecho a expresar y a recibir información resulta vital para la consolidación, el funcionamiento y la preservación de los regímenes democráticos.

El pluralismo de los medios de comunicación garantiza la libertad de expresión de las distintas opiniones, culturas y comunidades. En toda sociedad democrática los medios de información no solo deben ser independientes, sino también pluralistas.

Consciente de la importancia que tiene la efectiva materialización del derecho de los ciudadanos a informarse, el Gobierno argentino asumió de lleno un reclamo histórico de la sociedad de reformar las normas que databan del régimen dictatorial y que resultaban incompatibles con los estándares del derecho internacional de los derechos humanos.

En 2009, en cumplimiento de una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Argentina modificó el Código Penal a los efectos de eliminar los delitos de calumnias e injurias. Este fue un hecho muy importante porque así se evita que se utilice la vía judicial para amenazar o presionar a los periodistas. Al respecto, la Presidenta de la Nación destacó que “no puede haber en una sociedad democrática cárcel por hablar u opinar, cualquiera sea la opinión y aún cuando eso sea una mentira".

Un apartado aparte merece la reforma de la Ley de servicios de comunicación audiovisual impulsada por el Gobierno argentino. Sus objetivos están alineados con los instrumentos internacionales de derechos humanos y la propia Constitución Nacional. Esta iniciativa surgió a raíz del convencimiento de que la radiodifusión no es una simple cuestión comercial sino que es una forma de ejercicio del derecho de los ciudadanos a informarse, y que por ello requiere que el Estado adopte medidas efectivas para garantizar que la sociedad pueda acceder a una información diversa y plural. El espíritu democrático de esta nueva ley estuvo reflejado a su vez en su proceso de elaboración, por cuanto el proyecto normativo fue sometido a un proceso de consulta pública que incluyó la realización de múltiples foros en distintos lugares del país y que permitió incorporar en el texto de la ley los aportes de distintos sectores de la sociedad civil.

Entre los aspectos relevantes de esta reforma legislativa, se establece a la comunicación audiovisual como una actividad social de interés público, de carácter esencial para el desarrollo sociocultural de la población. A este fin, se establecen límites a la concentración de medios con el objeto de impedir la formación de monopolios u oligopolios. La nueva ley garantiza la presencia de las más diversas voces de la sociedad civil, dado que establece un espacio mínimo garantizado para la participación de las ONGs, al tiempo que asegura previsibilidad y certeza jurídica para aquellos que adquieran una licencia.

Lejos de ser un dato anecdótico relativo a una reforma legislativa, la reforma en cuestión representa una ruptura con el pasado autoritario y a la vez refleja el compromiso de nuestro Gobierno con la democracia y los derechos humanos. Así ha sido reconocido por el Relator especial sobre promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión de la ONU, Frank La Rue, quien ha manifestado que con esta reforma la Argentina “está sentando un precedente que sirve como ejemplo no sólo para el continente latinoamericano sino para el mundo entero”. El Relator felicitó a nuestro país y destacó que esta ley “garantiza el pluralismo, que todas las voces tengan acceso”. En ese mismo sentido, la Relatora especial para la libertad de expresión de la CIDH, Catalina Botero, también se refirió a los avances que contenía la nueva ley.

Un segundo aspecto que quisiera destacar ante este Consejo está referido al impulso al trabajo decente, como vía para lograr la inclusión social y garantizar el derecho al trabajo de todos los habitantes del suelo argentino.

El año 2011 fue declarado por el gobierno argentino como "Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores". Esto se basa en el reconocimiento de que el trabajo, además de un derecho fundamental, es fuente de dignidad personal, estabilidad familiar y paz en la comunidad.

Estamos firmemente convencidos que sin trabajo no hay futuro con inclusión social y pleno respeto a los derechos humanos. En este momento en que el mundo intenta superar la crisis financiera, la apuesta al trabajo decente es la única manera de escapar de los efectos nocivos de esa crisis.

Un trabajo decente implica oportunidades de trabajo productivo y con un ingreso justo, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, mejores perspectivas para el desarrollo personal y la integración social, libertad de expresar opiniones, organizarse y participar en la toma de decisiones y organizarse sindicalmente para las negociaciones e igualdad de trato para todas las mujeres y hombres. En definitiva, el pleno respeto de los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

En este contexto, es útil recordar que la comunidad internacional se había fijado Objetivos del Milenio a los que no debemos renunciar si es que hemos de avanzar hacia un mundo más justo y equitativo. Por ello nuestro país decidió autoimponerse un Objetivo del Milenio adicional y diferenciado dirigido a promover el trabajo decente, a través de programas activos de empleo de calidad que ayuden en la reducción de la pobreza y la indigencia y eleven los niveles de vida de la población, teniendo en cuenta los sectores y grupos sociales más vulnerables.

Finalmente, pero no menos importante, el trabajo decente nos compromete a incrementar aún más nuestros esfuerzos por combatir la discriminación de género, promoviendo igualdad de oportunidades para hombres y mujeres; y promover la protección de los derechos humanos y la observancia plena de las leyes laborales para el trabajador migrante, combatir el trabajo forzoso y la trata de personas. Nuestro país ha hecho de estas acciones una política central, la cual incluye también un número significativo de medidas tendientes a la prevención y la erradicación del trabajo infantil.

Un tercer aspecto que quisiera mencionar es la reciente sanción en nuestro país de la Ley de Matrimonio Igualitario, que permite el matrimonio sin discriminar por orientación sexual, convirtiendo a la Argentina en el primer país de América Latina y el décimo en el mundo que permite que se celebren bodas entre personas del mismo sexo en todo su territorio.

La ley argentina simboliza un proyecto de igualdad que repara una situación de discriminación. Por lo tanto, las personas de un mismo género que hayan contraído matrimonio poseen exactamente los mismos derechos que los heterosexuales. Entre ellos, la posibilidad de la adopción, herencia y otros derechos sucesorios, cobro de pensiones por fallecimiento y otras disposiciones relativas a la seguridad social de las personas.

En otro orden, deseo destacar especialmente la entrada en vigor, el pasado 23 de diciembre, de la “Convención para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”. Como ustedes saben, el crimen de la desaparición forzada ha signado la lucha de la Argentina y ello explica la exitosa campaña que hemos liderado junto con Francia para lograr la entrada en vigor de ese instrumento.

La Argentina fue el primer país del mundo en firmarla y el primer país de América en ratificarla en febrero de 2007. Actualmente, la Argentina promueve incrementar el número de Estados Partes a fin de dotar a la Convención de la mayor membresía posible. Lamentablemente, las desapariciones forzadas continúan existiendo en todas partes del mundo. Por ello exhortamos a todos los Estados a participar de este nuevo instrumento fundamental para la protección de los derechos humanos.

La Convención vino a llenar un vacío existente en el derecho internacional tanto en términos de prevención de las violaciones de derechos humanos y de los derechos de las víctimas, como en términos de la obligación de los Estados de investigar y sancionar quienes resulten responsables. Su importancia radica en que consagra el deber de tipificar las desapariciones forzadas como delito autónomo y ratifica que la desaparición forzada, cuando se lleva a cabo en forma sistemática y generalizada, es un crimen de lesa humanidad.

El proyecto fue elaborado tras una tarea de décadas del movimiento internacional de derechos humanos, que nutrió los debates del Grupo de Trabajo establecido para tal fin en el ámbito de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y nuestro país participó activamente en su negociación. Entre las diversas propuestas realizadas por la delegación argentina que fueron incluidas en el instrumento adoptado, quisiera destacar especialmente que la Convención previene y sanciona penalmente la apropiación de niños sometidos a desaparición forzada, a la vez que confirma el principio de restitución de la familia de origen.

Estamos muy satisfechos porque próximamente y de acuerdo a lo previsto en la Convención, comenzará a funcionar el Comité contra las Desapariciones Forzadas, órgano de vigilancia permanente con poder de decisión para autorizar procedimientos urgentes y que es el responsable de atender a un novedoso mecanismo de “habeas corpus internacional” para la búsqueda de personas desaparecidas. A efectos de contribuir con sus importantes labores, la Argentina presentará próximamente una candidatura para integrar el Comité.

Vinculado a esta temática, quisiera anunciar que en esta sesión del Consejo presentaremos, junto con otros países, un proyecto de resolución sobre desapariciones forzadas de personas, destinado a renovar el mandato del ya histórico Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, por considerar que cumple una función relevante en el examen de cuestiones relativas a desapariciones forzadas o involuntarias.

Señor Presidente,
Creemos que las políticas públicas y la legislación adoptada por los Estados en materia de Derechos Humanos, como las que hemos explicitado en nuestra intervención, deben ser garantizadas de forma efectiva para todos los habitantes, sin discriminación y en forma inclusiva.

Señor Presidente,
En estos días aciagos en que permanentemente nos llegan noticias de represiones violentas a manifestaciones populares que reclaman mayores libertades es importante recalcar, una vez más, que los gobiernos deben respetar sin dilación la voluntad de sus pueblos y debemos exigir que los gobernantes responsables de las violaciones a los derechos humanos sean juzgados con todo el rigor de las leyes. En este sentido, debemos también aceptar que hay mucho por hacer para prevenir las dictaduras.

Bien se podría impedir la apertura de cuentas bancarias de dictadores, y prohibir ventas de armas a gobiernos que violan los derechos humanos. Este es un camino que se debe recorrer con la mayor anticipación si realmente buscamos salvar miles de vidas.

En tal sentido, los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos tenemos la responsabilidad de trabajar con seriedad para lograr que sus decisiones se traduzcan en acciones concretas que permitan la eficaz y real promoción y protección de los todos los Derechos Humanos en el mundo.

Muchas gracias.